El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental. Una premisa que, por desgracia, no siempre se cumple. Por eso, desde gobiernos y empresas se ponen en marcha iniciativas para ayudar a los que más problemas tienen para adquirir o seguir pagando sus casas. Banco Santander es una de ellas, siendo la primera gran entidad financiera que se adhirió al código de buenas prácticas bancarias, en marzo de 2012.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Las más de 50 palabras anteriores no son cualquier cosa. Conforman el artículo 47 de la Constitución Española, que se encuentra, por algo será, englobado en el Título 1, ese que habla de los derechos y libertades fundamentales.

Desafortunadamente, somos plenamente conscientes de que ese artículo de la Carta Magna española, como algunos otros, no se cumple en absoluto. Que nunca consiguió escapar de la biempensante mente del legislador constituyente para convertirse en una realidad y que siempre formó parte de la colección de buenos deseos necesarios en un tiempo tan inestable como fue el de la Transición.

Hay ocasiones, no pocas desgraciadamente, en que la adquisición de una vivienda deja de ser demasiado pronto una buena noticia y se convierte rápidamente en una carga económica prácticamente imposible de soportar. Tal fue el caso de la terrible crisis que comenzó a golpear a España en 2008, y que provocó que miles de personas no pudieran hacer frente a los pagos que les suponían las hipotecas contratadas para comprar un techo digno bajo el que vivir.

Garantizar el acceso a una vivienda digna

Como forma de compromiso con el progreso de la sociedad y de las personas, Banco Santander ha definido 10 metas de banca responsable hasta 2025. De esta forma, dentro de su política de crecimiento inclusivo y con el objetivo de proporcionar soluciones a las necesidades de sus clientes, ha ayudado a más de 140.000 familias con problemas financieros para continuar pagando sus viviendas. Este apoyo comenzó en 2011 y se ha llevado a cabo a través de modelos diferentes: más de 134.100 refinanciaciones y reestructuraciones a 112.300 familias y 21.800 empresas, en un caso; daciones en pago a 13.760 familias, en otro; y, por último, suspensión del desalojo a 9.362 familias. De hecho y por fortuna, no se ha producido ningún desahucio provocado por una decisión judicial a partir de una deuda hipotecaria con Banco Santander desde noviembre de 2012.

1.000 viviendas para el Fondo Social impulsado por el Estado

Además, para facilitar el acceso a la vivienda, el Banco ha aportado 1.000 viviendas al Fondo Social de Viviendas (FSV), de las que 963 están en alquiler. Por otro lado, Banco Santander dispone de otras 568 en alquiler social con condiciones más asequibles para familias en situación de vulnerabilidad.

El FSV es una iniciativa pública en vigor desde 2012 que refuerza la protección a los deudores hipotecarios ofreciendo viviendas, propiedad de las entidades de crédito, para aquellas personas que pierden su residencia habitual. Esta situación puede haber sido provocada por el impago de un préstamo hipotecario, hayan sido, o no, desalojadas, o como resultado de una dación en pago, y afecta a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social.

De esta forma, el Estado está gestionando en la actualidad casi 10.000 viviendas y de este programa ya se han beneficiado más de 4.000 familias. Las viviendas se ofrecen en alquiler social a precios que oscilan entre los 150 y los 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Este Fondo Social de Viviendas fue prorrogado a principios de este año por el Gobierno, por lo que seguirá en vigor, al menos, hasta enero de 2020. Esta prórroga fue acordada por el Ministerio de Economía y Empresa con el Ministerio de Fomento, el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

El compromiso de Banco Santander con aquellas familias con notorias dificultades para seguir pagando sus casas resulta evidente desde el momento en el que fue la primera gran entidad financiera que se adhirió al código de buenas prácticas bancarias, en marzo de 2012.