Crisis energética actual y transición hacia una economía neutra en carbono: ¿retos similares?
El informe sobre "Reformas de política fiscal 2022" publicado por la OCDE ofrece información comparativa sobre la evolución de las reformas y políticas fiscales en los países de la OCDE. Este año además incluye un artículo especial sobre las respuestas de los gobiernos ante el aumento de los precios de la energía. En este sentido, su mensaje principal es que los gobiernos tendrán que cambiar desde políticas que tratan de limitar el aumento de los precios de forma general hacia medidas más específicas, que amortigüen las subidas a través de ayudas a la renta para un número de beneficiarios más restringido, limitando su impacto en los presupuestos públicos.
Resumen de las principales conclusiones del informe:
- Los sistemas fiscales y de bienestar social más desarrollados han estado más preparados para adoptar medidas de apoyo específicas a sectores "de riesgo" más vulnerables a las subidas de los precios de la energía.
- Tendencias por categoría de impuestos: El impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la seguridad social se redujeron en la mayoría de los países para apoyar a los hogares con menores ingresos; en el impuesto de sociedades, muchos países aumentaron los beneficios de los incentivos fiscales para estimular la inversión y la innovación, sobre todo para promover la sostenibilidad medioambiental; una respuesta común de los gobiernos ha sido reducir temporalmente los impuestos especiales sobre los combustibles y la electricidad; unos pocos países europeos anunciaron planes para aplicar impuestos a los beneficios caídos del cielo a las empresas energéticas para apoyar el coste de las medidas de apoyo público.
- Impacto significativo en los presupuestos públicos: La OCDE estima que el coste fiscal agregado de las medidas dispuestas desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2022 asciende a un total de 246.000 millones de dólares. De los cuales el 66% se han centrado en gran medida en medidas de control de precios no dirigidas a sectores o beneficiarios específicos, lo que incentiva en lugar de frenar el consumo y además aumenta los subsidios a los combustibles fósiles. El 34% restante se ha dedicado a medidas de apoyo a la renta, es decir, a transferencias a hogares y empresas.
- Recomendación de la OCDE en adelante: Los gobiernos tendrán que pasar de medidas políticas generales que tratan de limitar el aumento de los precios a las que amortiguan su impacto a través de ayudas a la renta específicas (restringiendo el beneficio de las medidas a ciertas categorías específicas de consumidores de energía en función de algunos criterios, como el consumo de energía, los ingresos...). Este enfoque garantizará que el apoyo prestado sea justo y eficaz, limitando al mismo tiempo sus efectos en los presupuestos públicos y manteniendo las señales de precios para fomentar la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono.
Filtrar resultados
Según @FMI, el margen de la política fiscal y monetaria para mitigar los riesgos a la estabilidad financiera es más limitado hoy que durante buena parte de las dos últimas décadas, ante los elevados niveles de deuda e inflación en muchas economías.
Según Ramón Casilda, “ya no se trata únicamente de capital español invirtiendo en América Latina, sino también de capital latinoamericano utilizando España como base europea”, reforzando un espacio económico transatlántico más equilibrado.
Según José Carlos Díez, Profesor de economía de la Universidad de Alcalá, los españoles accedemos a algunas de las hipotecas más baratas de Europa con tipos de interés inferiores al Euribor y a la deuda pública a largo plazo.
Según el IEE, España presenta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea tanto en porcentaje sobre la recaudación total como en porcentaje del PIB.
AEB, CECA y UNACC proponen medidas para aumentar la capacidad de financiación de la banca en más de 2 billones de euros en la eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España, reforzando la inversión y la financiación de la economía.
Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.