Ramón Casilda, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Alcalá, y Jose Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y profesor de la Universidad de Columbia, junto a otros 29 académicos y ex funcionarios públicos latinoamericanos y españoles, firman un documento publicado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca sobre la necesidad de obtener un “consenso latinoamericano” para superar los retos económicos y sociales en la región tras el covid-19.
Las proyecciones de los principales organismos económicos auguran que América Latina será la región del mundo en desarrollo que se verá más afectada por la crisis del covid-19. Según las últimas previsiones publicadas el pasado junio por el Banco Mundial y el FMI, el PIB regional se contraerá en 2020 un 7,2% y 9,4%, respectivamente. Además, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 30 millones de latinoamericanos podrían sumarse a la población en situación de pobreza.
Los autores advierten de que esta recesión será la peor desde que se tienen datos y vendrá acompañada de crecimiento débil para la región, lo que podría significar una nueva década perdida (2014-2024) con consecuencias peores que la crisis de los 80.
Ante este escenario, proponen la necesidad de un “consenso latinoamericano” entre los agentes económicos y sociales de la región, con un compromiso claro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que constaría de 18 puntos, entre los que se destacan los siguientes:
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Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.
Lucrezia Reichlin (CEPR): la CBDC no es condición necesaria para la soberanía monetaria. Confundir dinero y pagos puede generar un diagnóstico equivocado y una mala asignación de esfuerzos de política económica.
Según el Global Risks Report 2026 del World Economic Forum, la confrontación geoeconómica, la desinformación y la polarización social destacan como los principales riesgos a corto plazo, mientras que los riesgos ambientales dominan el largo plazo.
Según el World Economic Forum, la IA ha pasado de la experimentación a integrarse en los procesos de trabajo, prometiendo fuertes incrementos de productividad, pero también planteando retos clave sobre inclusión económica, valores, confianza y resiliencia.
Según AFME, un marco regulatorio más claro, coherente y proporcionado, sin capas innecesarias y centrado en crecimiento y competitividad, es clave para aumentar la confianza, movilizar capital privado y profundizar los mercados de capitales europeos.