¿Está garantizada la sostenibilidad del sistema público de pensiones con la última reforma?

Angel de La Fuente ha publicado en Fedea (think tank español) un informe sobre los efectos de la última reforma del sistema público de pensiones en España. En su opinión, el efecto neto de la reforma será un fuerte incremento del déficit en los próximos años (hasta un 4,3% del PIB anual en torno al 2050). Cubrir este déficit con ingresos generales (o deuda pública) podría dejar poco margen para financiar un mayor gasto en otras necesidades públicas crecientes como sanidad o dependencia.

Medidas más significativas propuestas por el Gobierno:

• Nuevo cálculo de la pensión inicial: Que permitirá al trabajador durante un período transitorio de 20 años, escoger entre el sistema actual, en el que la base reguladora de la pensión se calcula como una media de los salarios actualizados por inflación de los últimos 25 años de actividad, y un cálculo alternativo (que será obligatorio finalizado el período transitorio) en el que el período de cómputo se amplía hasta los 29 años, y en el que se descartan los 24 meses con menor base de cotización actualizada. Según Fedea, esta medida puede incrementar el gasto en relación con el modelo actual, pues sólo optarán por el período ampliado de cómputo aquellos que obtengan una mayor pensión con esta opción.
  
  
• El “destope” de las cotizaciones sociales: Subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050 que subirán un 38% en el período, acompañada de la cuasi-congelación de las pensiones máximas (la pensión máxima subirá solo un 3,15% en dicho período). Según Fedea, esta medida reducirá la pensión máxima desde casi el 80% hasta menos del 60% de la base máxima de cotización, lo que supone una reducción muy considerable del componente contributivo del sistema público de pensiones. Una vez implementada por completo en 2050, esta medida incrementaría la recaudación por cotizaciones sociales, como mucho, en un 0,40% del PIB.
  
  
• La introducción de una cuota de solidaridad sobre las rentas salariales más altas: Gravará la parte de los salarios que exceda la base máxima de cotización a un tipo que irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el 6%. Se estima una recaudación por esta medida equivalente al 0,09% del PIB.
  
  
• Endurecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): Subida también escalonada del tipo de la cotización extraordinaria ligada al MEI, desde 0,6 hasta 1,2 puntos porcentuales, que se mantendrá al menos hasta 2050 en vez de sólo durante los diez años inicialmente previstos. Esta subida de cotizaciones se aplicará a toda la renta salarial por debajo de la base máxima de cotización, lo que da a este instrumento un poder de recaudación muy superior al de las medidas anteriores. Fedea estima un impacto del 0,40% del PIB una vez se aplique el tipo máximo previsto.

Según Fedea, las nuevas medidas, junto a las aprobadas anteriormente (principalmente indexación anual al IPC y medidas para retrasar la edad de acceso a la jubilación), contribuirán a cerrar en un 1.2%/PIB el déficit de pensiones estimado para 2050 que se situaría sin tener en cuenta las nuevas medidas en el 5,5% del PIB (principalmente por déficit existente en punto de partida en 2019 que irá a más por la indexación anual de las pensiones al IPC).