Fiscalidad en España y en las Comunidades Autónomas
Informe elaborado con la contribución del Instituto de Estudios Económicos, el Consejo General de Economistas y PwC, en el que se analiza el marco fiscal en España y en las Comunidades Autónomas (CCAA), teniendo en cuenta que para recuperar de forma sostenible el crecimiento potencial de la economía y superar la crisis del Covid, serán necesarias muchas reformas estructurales en un futuro próximo, entre las que la reforma del sistema tributario jugará un papel destacado.
El informe ofrece multitud de tablas comparativas entre las CCAA de España y otros países, con interesantes conclusiones entre las que destacamos las siguientes:
- Primar la actividad económica frente al diseño fiscal: La recaudación tributaria debería basarse en el incremento de las bases imponibles, el fomento del crecimiento económico y la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno. La competitividad de la fiscalidad española está por debajo de la media de la UE (110 vs media 100) y muy alejada de los países con mejores prácticas. España tendría una presión fiscal efectiva por encima de la media de la OCDE (34,6% sobre el PIB), si se tienen en cuenta factores como la economía sumergida o el nivel de renta per cápita.
- Incrementar la presión fiscal no asegura recaudar más: Si el punto de partida de la futura reforma fiscal es elevar los niveles de recaudación sobre PIB en 6 puntos porcentuales para aproximarse al discutible promedio europeo, su efecto contractivo a medio y largo plazo podría ser de hasta 10 puntos de PIB con una pérdida del orden de dos millones de empleos.
- A favor de reformar el sistema de financiación autonómica para mejorar la competitividad fiscal y de la corresponsabilidad fiscal entre regiones; en contra de una armonización fiscal al alza entre CCAA. Muchas comunidades autónomas ya tienen unos sistemas fiscales de los más gravosos dentro de la UE. Las distintas regiones en España tienen que competir, a nivel global, con los sistemas tributarios de los distintos países y regiones.
- Las diferencias que surgen entre Comunidades Autónomas son el reflejo de la corresponsabilidad fiscal, entendida esta como la libertad de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos. Esta capacidad de diseñar los impuestos propios, aplicar distintos tipos nominales y otros beneficios fiscales es una consecuencia de la descentralización del gasto y es una garantía para un gasto público eficiente.
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Según @FMI, el margen de la política fiscal y monetaria para mitigar los riesgos a la estabilidad financiera es más limitado hoy que durante buena parte de las dos últimas décadas, ante los elevados niveles de deuda e inflación en muchas economías.
Según Ramón Casilda, “ya no se trata únicamente de capital español invirtiendo en América Latina, sino también de capital latinoamericano utilizando España como base europea”, reforzando un espacio económico transatlántico más equilibrado.
Según José Carlos Díez, Profesor de economía de la Universidad de Alcalá, los españoles accedemos a algunas de las hipotecas más baratas de Europa con tipos de interés inferiores al Euribor y a la deuda pública a largo plazo.
Según el IEE, España presenta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea tanto en porcentaje sobre la recaudación total como en porcentaje del PIB.
AEB, CECA y UNACC proponen medidas para aumentar la capacidad de financiación de la banca en más de 2 billones de euros en la eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España, reforzando la inversión y la financiación de la economía.
Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.