Impulsar una recuperación sostenible
El Informe de “Transparencia Climática 2020” proporciona una revisión general de la transición hacia una economía de cero emisiones para todos los países del G20, ofreciendo además un ranking por países identificando a los líderes y a los rezagados. Este año además analiza las respuestas de los gobiernos para hacer frente a la crisis del COVID-19, ofreciendo una serie de recomendaciones para fomentar una recuperación más verde.
El informe destaca las siguientes conclusiones:
- 2020 ha demostrado cómo el mundo es vulnerable a una intersección de crisis, sanitaria, climática y económica: El informe señala cómo “los impactos de la pandemia se han visto agravados por otras vulnerabilidades previas” y cómo la crisis económica del Covid-19 podría llevar a un aumento de 25 millones en el número de personas desempleadas, 100 millones más de personas que viven en la pobreza y a que se duplique hasta 265 millones el número de personas que viven sin tener asegurada su alimentación.
- Existen grandes diferencias entre los países del G-20 en términos de estímulo fiscal para hacer frente a la crisis de Covid-19: según el informe, las medidas de estímulo fiscal sin precedentes alcanzaron los $12,1 billones (a mediados de octubre), con diferencias extremas en los recursos utilizados por los países: “desde los aproximadamente $17.200/per cápita en Japón a los $6.500 en Corea del Sur. O en economías emergentes desde alrededor de $1.000/per cápita en Brasil hasta los >$200 en Indonesia”. El informe hace un llamamiento para evitar la divergencia global en los paquetes de apoyo público de Covid 19 y promover una mayor cooperación internacional para "contribuir a una recuperación global sólida y sostenible".
- Los objetivos del acuerdo de París están en riesgo incluso con la disminución de emisiones proyectada para este año: “Esta reducción parece ser temporal, principalmente como resultado de la crisis del COVID-19. Sin una acción climática transformadora, el crecimiento de las emisiones se recuperará y no se alcanzarán los objetivos del Acuerdo de París”.
- Los paquetes de recuperación de COVID-19 actuales se mueven en la dirección opuesta: Aproximadamente el 30% del estímulo se destinará a sectores intensivos en emisiones (carbón, petróleo, aerolíneas y automóviles). El plan de recuperación de la UE es entre todos los del G20, el que contiene una mayor contribución para cumplir con los objetivos climáticos. En este sentido, el informe ofrece recomendaciones para alinear los planes de recuperación con los objetivos climáticos a largo plazo, impulsando así una recuperación más verde.
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Según Ramón Casilda, “ya no se trata únicamente de capital español invirtiendo en América Latina, sino también de capital latinoamericano utilizando España como base europea”, reforzando un espacio económico transatlántico más equilibrado.
Según José Carlos Díez, Profesor de economía de la Universidad de Alcalá, los españoles accedemos a algunas de las hipotecas más baratas de Europa con tipos de interés inferiores al Euribor y a la deuda pública a largo plazo.
Según el IEE, España presenta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea tanto en porcentaje sobre la recaudación total como en porcentaje del PIB.
AEB, CECA y UNACC proponen medidas para aumentar la capacidad de financiación de la banca en más de 2 billones de euros en la eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España, reforzando la inversión y la financiación de la economía.
Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.