El Instituto Español de Analistas Financieros (IEA) ha publicado un informe sobre “Cómo mejorar la competitividad, el crecimiento y la innovación en Europa mediante una racionalización de la regulación bancaria”. La complejidad normativa identificada por Draghi y Letta como un freno a la competitividad global europea está generando fricciones que limitan la capacidad del sistema financiero para canalizar ahorro hacia inversión productiva. Según el informe, es urgente pasar del consenso político sobre la simplificación regulatoria a reformas concretas que integren de forma explícita los objetivos de competitividad y crecimiento en el marco regulatorio y supervisor europeo, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera. El informe proporciona recomendaciones prácticas para mejorar la regulación, la supervisión y la competitividad del sector financiero europeo.
Aspectos destacados:
Para poder integrar este mandato secundario de forma efectiva, el informe propone las siguientes recomendaciones:
En definitiva, el objetivo del nuevo modelo no es debilitar la estabilidad financiera, sino construir un marco regulatorio más proporcionado, coherente y eficaz, capaz de sostener la autonomía estratégica europea y su modelo de bienestar en un entorno geopolítico cada vez más exigente.
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Según José Carlos Díez, Profesor de economía de la Universidad de Alcalá, los españoles accedemos a algunas de las hipotecas más baratas de Europa con tipos de interés inferiores al Euribor y a la deuda pública a largo plazo.
Según el IEE, España presenta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea tanto en porcentaje sobre la recaudación total como en porcentaje del PIB.
AEB, CECA y UNACC proponen medidas para aumentar la capacidad de financiación de la banca en más de 2 billones de euros en la eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España, reforzando la inversión y la financiación de la economía.
Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.
Lucrezia Reichlin (CEPR): la CBDC no es condición necesaria para la soberanía monetaria. Confundir dinero y pagos puede generar un diagnóstico equivocado y una mala asignación de esfuerzos de política económica.