Simplificación regulatoria: clave de la competitividad europea

El Centre for European Policy Studies (CEPS) ha publicado un artículo de Judith Arnal que analiza el proceso de simplificación regulatoria emprendido por la Unión Europea (UE) y plantea recomendaciones para que este esfuerzo se traduzca en auténticos avances en la competitividad empresarial y en la influencia global de la UE. Según la autora, será clave definir con precisión qué se entiende por simplificación regulatoria (diferenciándola de la desregulación), establecer mecanismos eficaces de coordinación entre las distintas iniciativas en marcha y repensar a fondo la estructura de gobernanza europea, que hoy alimenta la complejidad, favorece la fragmentación normativa y desincentiva la operativa empresarial paneuropea.

• La regulación europea habría dejado de ser una ventaja competitiva para las empresas europeas. 
  
  
  • El llamado Brussels Effect, que otorgó a las empresas europeas una ventaja competitiva, al ser las primeras en adaptarse a un marco regulatorio que luego serviría de estándar en otras regiones (ejemplo: normativa de protección de datos (GDPR)) no se ha replicado en regulaciones más recientes (i.e sostenibilidad o en asuntos digitales), que no han alcanzado un estatus de referencia internacional, en un contexto de desregulación en EE.UU. 
  • La creciente complejidad normativa ha generado un marco más costoso y difícil de implementar restando competitividad. Ante ello, la nueva Comisión se ha fijado como objetivo reducir la carga administrativa para las empresas en un 25% (35% para las PYMES), nombrando un comisario específico para “Implementación y Simplificación” e impulsando iniciativas regulatorias de simplificación bajo el formato Omnibus.
    
    
• La actual gobernanza normativa en la UE fomenta un modelo de “regulación detallada + implementación fragmentada” que aumenta la complejidad, dificulta la actividad paneuropea de las empresas y debilita la integración del mercado único.
  
  
  • Esta complejidad se manifiesta en un exceso de mandatos legislativos de nivel 1, que generan cascadas de normas técnicas en niveles 2 y 3, muy granulares para evitar divergencias en la implementación nacional: Pese a ello, los Estados Miembros están intentando imponer sus especificidades (práctica conocida como goldplating). 
  • A ello se suma la ausencia de mecanismos sistemáticos de evaluación ex ante y ex post de la calidad y necesidad de las regulaciones, así como la falta de objetivos secundarios (como competitividad o proporcionalidad) que equilibren los fines primarios (por ejemplo, estabilidad financiera o recaudación de impuestos entre otros).
    
    
• Reformas necesarias para una simplificación regulatoria efectiva:
  
  
  • Consenso político sobre el concepto de “simplificación regulatoria” diferenciándola de desregulación. Simplificar significa reducir la complejidad sin eliminar objetivos regulatorios, con el propósito básico de reforzar la competitividad. La simplificación debería ser un proceso continuo, con evaluaciones ex ante y ex post, y con limitaciones explícitas al crecimiento de normas de Nivel 2 y 3 y a las prácticas de goldplating.
  • Mecanismos de coordinación entre las distintas iniciativas en marcha, con responsables específicos por áreas técnicas (capital, reporting, sostenibilidad, etc.) que aseguren coherencia entre agencias y Estados. Un ejemplo claro es el de los requerimientos de capital bancario, donde intervienen múltiples autoridades; una aproximación conjunta permitiría simplificar de manera más eficaz. La coordinación es aún más crítica en regulaciones transversales, como la IA Act, que afectan a distintos sectores y autoridades.
  • Repensar la gobernanza general de la UE. Avanzar en la integración europea exigirá mayor cesión de competencias nacionales hacia organismos europeos, superando el actual marco híbrido que alimenta la complejidad regulatoria.