Más de medio millón de operaciones fallidas al año provocan un impacto de 950 millones de libras en la economía en general y suponen un coste directo de 560 millones para los consumidores británicos, un 40% más de lo estimado previamente por el Gobierno.

El 23% de los consumidores ha sufrido la ruptura de una cadena inmobiliaria, lo que tiene un profundo impacto emocional en los compradores: más de la mitad (54%) afirma haberse sentido estresado de forma constante o frecuente durante todo el proceso.

La complejidad del proceso lleva a casi una cuarta parte (24%) de los propietarios a plantearse abandonar la compra de una nueva vivienda y reduce la probabilidad de que opten por cambiarse a una vivienda más pequeña.

El informe de Santander Fixing the Broken Chain Housing Report aboga por una reforma significativa del anticuado sistema de vivienda, que incluya medidas para desincentivar el incumplimiento de acuerdos preliminares por parte del vendedor (gazumping) o del comprador (gazundering), exigir más información previa por parte de los vendedores y acelerar la digitalización de todos los actores implicados.

Un nuevo estudio encargado por Santander pone de manifiesto el impacto económico y social del anticuado proceso de compraventa de viviendas en el Reino Unido, que cuesta a los consumidores y a la economía al menos 1.500 millones de libras al año.  

El informe de Santander, Fixing the Broken Chain, elaborado a partir de un análisis económico independiente de WPI Economics y una encuesta a más de 2.000 consumidores realizada por JL Partners, destaca que casi uno de cada cuatro (23%) ha sufrido la ruptura de una cadena inmobiliaria. Solo este factor genera un coste de 560 millones de libras anuales para los consumidores, mientras que el impacto sobre la economía asciende a otros 950 millones de libras, junto con otras consecuencias derivadas de un proceso complejo y lento.  

En Inglaterra y Gales se registran más de medio millón (530.000) de operaciones inmobiliarias fallidas al año. El análisis económico estima que el coste directo para los consumidores por gastos no recuperables, como hipotecas y honorarios de abogados, asciende a 560 millones de libras anuales. Esta cifra supera en un 40% la estimación de 400 millones empleada por el Gobierno a principios de año. El estudio revela que aproximadamente el 85% de las personas que han pasado por una operación fallida sufrieron algún tipo de pérdida económica. Aunque el coste medio por operación fallida reciente asciende a 1.240 libras, una de cada cinco personas declaró haber perdido más de 2.000 libras.  

No obstante, el impacto no se limita a los consumidores. Las consecuencias para la economía incluyen la pérdida de productividad por estrés y tiempo dedicado a la compraventa durante la jornada laboral (380 millones de libras anuales), la reducción del bienestar (400 millones) y el tiempo de ocio desperdiciado (170 millones).

Un impacto económico generalizado

Más allá de las operaciones fallidas y sus costes reales, la dificultad y el estrés del proceso desincentivan la actividad, provocan una asignación ineficiente de viviendas y reducen la liquidez del mercado inmobiliario. La experiencia de compra resulta tan frustrante que el 28% de los encuestados afirmó que es menos probable que vuelva a mudarse. En cambio, un proceso más ágil haría que el 88% de las personas que se han mudado recientemente estén más dispuestas a repetir la experiencia. La mala asignación de viviendas conlleva importantes efectos socioeconómicos, como menor movilidad laboral, escasez de viviendas grandes para familias en crecimiento y cadenas inmobiliarias más lentas.

David Morris, director del área de Vivienda de Santander UK, comentó: “Comprar una casa debería ser un momento de ilusión y esperanza, pero para demasiadas personas es un proceso incierto y agotador, que merma su salud mental, emocional y física.  

El proceso de compraventa aún se rige por un marco que se estableció hace un siglo. Este sistema anticuado es un lastre cada vez mayor para la economía, y su reforma debe ser prioritaria. Aunque el Gobierno ha situado el mercado inmobiliario en su agenda —como demuestra este estudio—, la magnitud del reto sigue siendo en gran medida subestimada. Por eso pedimos reformas de calado que devuelvan la confianza a compradores y vendedores, alivien la carga financiera y emocional, y nos doten de un sistema de vivienda adaptado a las necesidades actuales de los consumidores y la economía.”

Santander insta al Gobierno y los reguladores a:  

1. Acelerar la digitalización entre todos los actores implicados  
2. Desincentivar prácticas como el gazumping y el gazundering  
3. Exigir una mayor divulgación previa de información por todas las partes  
4. Crear un sistema centralizado de datos inmobiliarios, de titularidad pública  
5. Mejorar el intercambio de datos mediante un grupo de trabajo sobre datos inteligentes (Smart Data Working Group)  
6. Incentivar el uso de la inteligencia artificial  
7. Adoptar un enfoque a largo plazo para apoyar la actividad del mercado  

El coste emocional de un sistema roto

El proceso es más largo y peor de lo que la gente espera, según el 35% de los encuestados. El impacto humano es profundo. Para muchas personas, comprar una vivienda representa un hito vital, fruto de años de ahorro y la realización de un objetivo a largo plazo. Sin embargo, menos de la mitad (46%) de los compradores afirma haberse sentido regularmente positivo durante el proceso. Por el contrario, la mayoría (54%) dice haber estado estresado de forma constante o frecuente. El estrés fue aún mayor entre quienes sufrieron una operación fallida: el 64% afirmó haber tenido niveles de estrés superiores a lo normal, el 57% sintió más ansiedad, el 49% sufrió alteraciones del sueño y el 26% experimentó tensiones en sus relaciones personales.

El tiempo mata las operaciones

El estudio revela que, aunque las primeras fases del proceso —como hacer una oferta o conseguir una hipoteca— suelen ser manejables para la mayoría de los compradores, los problemas se acumulan en las fases posteriores, donde aumentan las probabilidades de que la operación fracase. En las operaciones fallidas, el fallo se produjo dentro del primer mes en el 17% de los casos, y después del tercer mes en el 43%. Incluso en las etapas finales, más de un tercio (38%) tuvo dificultades para cerrar y formalizar la compraventa, lo que pone de manifiesto un sistema que con demasiada frecuencia obliga a los compradores a luchar por avanzar en lugar de celebrar su nuevo hogar.  

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