La semana pasada, los ministros de Finanzas de la UE instaron por unanimidad a la Comisión Europea a simplificar y agilizar el marco regulatorio financiero del bloque. Por primera vez, los 27 Estados miembros han reconocido una verdad incómoda que se ha ignorado durante demasiado tiempo: el sistema regulatorio europeo es demasiado pesado, demasiado complejo y demasiado lento para el mundo al que nos enfrentamos.

Pero hay una verdad más profunda subyacente: el mayor riesgo para la estabilidad financiera en Europa ya no son los bancos, sino el bajo crecimiento en sí mismo. Un mayor crecimiento es esencial para mantener la seguridad, la prosperidad y la autonomía estratégica.

Otros ya lo han reconocido y están actuando —y rápido—. Estados Unidos ha comenzado a reducir elementos clave de su propuesta de “Basilea III final”, aliviando explícitamente los requisitos de capital para apoyar el crédito y la inversión. El Reino Unido ha seguido el mismo camino, con el Banco de Inglaterra revisando a la baja las exigencias de capital para liberar capacidad de financiación.

El mensaje desde Washington y Londres es claro: si se quiere crecimiento, no se puede seguir endureciendo las condiciones para las instituciones que financian la economía real. Un crecimiento sólido y una estabilidad sólida no son objetivos opuestos; se refuerzan mutuamente.

Europa ha reconocido el problema, pero aún no ha actuado con la urgencia necesaria. Ha pasado más de un año desde el informe clave de Mario Draghi sobre la competitividad europea, pero sus recomendaciones más importantes —especialmente en materia de simplificación regulatoria y capacidad de inversión— siguen en gran medida sin aplicarse.

Esto es relevante porque la economía europea depende en gran medida del crédito bancario, que proporciona alrededor del 80% de la financiación de deuda para las grandes empresas. Cuando ese crédito se ve limitado, el impacto es sistémico. Se estima que los colchones discrecionales impuestos por los supervisores, añadidos a los requisitos existentes, reducen la capacidad de financiación entre 2,7 y 4,1 billones de euros —el equivalente a 100 millones de préstamos a pymes, 20 millones de hipotecas o toda la inversión necesaria para las transiciones verde, digital y de defensa en Europa combinadas.

Este marco no está protegiendo a Europa, sino que la está frenando. El bajo crecimiento, si no se aborda, se convierte en sí mismo en una fuente de inestabilidad financiera. Si la UE se toma en serio la competitividad, y la seguridad a largo plazo, Bruselas debe priorizar tres reformas.

Primero: detener la acumulación regulatoria, especialmente cuando genera cargas de capital innecesarias. El problema no es solo el número de normas, sino la proliferación de requisitos superpuestos, duplicados o excesivamente conservadores en los llamados niveles 2 y 3, así como las expectativas supervisoras que introducen de facto recargos de capital fuera del proceso legislativo. Frenar esta acumulación y eliminar solapamientos en la estructura de capital es el primer paso esencial para recuperar la claridad y la previsibilidad. El hecho de que el BCE haya reconocido ya este problema es positivo.

Segundo: modernizar el proceso normativo. La UE necesita análisis independientes de coste-beneficio, revisiones periódicas y calendarios de implementación progresiva para nuevas normas. Un mayor enfoque en una regulación basada en principios daría a los consejos de administración y a los supervisores la flexibilidad necesaria para centrarse en los riesgos reales, en lugar de en el cumplimiento formal.

Tercero: reformar el propio modelo de supervisión. Europa necesita supervisores con un mandato secundario claro orientado al crecimiento y la competitividad, una reforma que el Reino Unido ya ha introducido recientemente. Las políticas no pueden diseñarse para perseguir un único objetivo. Si, por ejemplo, la política fiscal se centrara exclusivamente en la recaudación, los tipos impositivos acabarían siendo económicamente insostenibles y socialmente indeseables.

Nada de esto implica comprometer la estabilidad. Una regulación más inteligente no consiste en debilitar las defensas, sino en garantizar que el marco normativo europeo apoye sus objetivos más amplios: mayor crecimiento, más inversión, mayor competitividad y una verdadera autonomía estratégica.

Europa cuenta con bancos y empresas de primer nivel, con una gran capacidad de innovación. Es el marco que los rodea el que resulta subóptimo.

La reforma no es solo de interés para Europa. Como señaló recientemente Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, la debilidad de Europa es una preocupación global. Estados Unidos tiene un profundo interés en una Europa fuerte; seguimos siendo los mayores socios comerciales y los aliados más cercanos. Una economía europea más dinámica, innovadora y competitiva contribuye directamente a la estabilidad global. Europa puede aprovechar este momento para reducir la complejidad innecesaria, corregir cargas de capital excesivas y desbloquear la financiación necesaria para la prosperidad a largo plazo. O puede seguir gestionando los riesgos actuales con herramientas del pasado, a costa de la competitividad del mañana.