Los marcos regulatorios son esenciales para el funcionamiento de las economías, pero su diseño y complejidad pueden tanto favorecer como obstaculizar la mejora de la productividad. Sin embargo, existe un consenso emergente sobre un umbral regulatorio óptimo.

Los marcos son necesarios para establecer estándares, acordar reglas, alinear adecuadamente los incentivos y asegurar las condiciones apropiadas para la actividad económica. Sin estos elementos, la regulación da lugar a una burocracia excesiva que dificulta la competitividad y, en última instancia, obstaculiza la iniciativa privada y la productividad.

Una analogía útil es la curva de Laffer de la teoría fiscal, que postula que, más allá de cierto umbral, los aumentos de los tipos impositivos reducen los ingresos debido a los desincentivos para trabajar e invertir. La curva regulatoria de Laffer sugiere que existe un nivel óptimo de regulación que maximiza su impacto positivo sobre la actividad económica.

Cuando la regulación es insuficiente, prevalecen los errores del mercado, mientras que la sobrerregulación crea elevados costes de cumplimiento, barreras de entrada a la competencia, burocracia excesiva e ineficiencias en la asignación de recursos.

Según el informe El futuro de la competitividad europea, elaborado por Mario Draghi a instancias de la Comisión Europea, Estados Unidos promulgó aproximadamente 5500 regulaciones entre 2009 y 2024, mientras que la UE implementó alrededor de 13.000 en el mismo período.

Como respuesta, la denominada Brújula para la Competitividad, presentada por la Comisión Europea a principios de 2025, pretende devolver el dinamismo de Europa y estimular su competitividad y crecimiento económico.

Otro paso importante dado por la Comisión Europea es el Paquete Ómnibus de simplificación, cuyo objetivo es reducir los requisitos de información sobre sostenibilidad en al menos un 25 % para todas las empresas y hasta un 35 % para las pymes con el fin de reforzar su competitividad frente a Estados Unidos y China.

Esto ahorraría alrededor de 6000 millones de euros anuales en costes administrativos, según estimaciones de la Comisión.

Este enfoque en la reducción de la carga burocrática está justificado. Según Business Europe, más del 60 % de las empresas de la UE consideran que la regulación es una barrera para la inversión, y el 55 % de las pymes citan los obstáculos regulatorios y administrativos como su principal desafío.

A veces, el problema no es solo la sobre-regulación sino también la falta de armonización o la complejidad administrativa. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las barreras intra-UE al comercio siguen siendo significativas. Estas barreras podrían representar, de media, un arancel equivalente de alrededor del 44% para el comercio de mercancías —tres veces más altas que las barreras comerciales entre estados de EE.UU.

Para los servicios, estas barreras estimadas son aún más pronunciadas, equivalentes a un arancel del 110%, y, entre los servicios financieros, se estiman cercanas al 100%. Dado que la actividad económica se desplaza cada vez más hacia los servicios, su efecto negativo sobre el crecimiento se amplifica.

Según el FMI, reducir las barreras comerciales dentro de la UE hasta los niveles de EE. UU. podría aumentar la productividad en casi siete puntos porcentuales a largo plazo. Esto reduciría a la mitad la brecha de productividad actual entre las economías avanzadas de la UE y EE. UU.

Las mejoras en la productividad, comúnmente medidas como productividad total de los factores (PTF), están impulsadas por aspectos como la tecnología, la formación de la fuerza laboral, la innovación y el desarrollo de un ecosistema que favorezca el emprendimiento.

Reducir el nivel de barreras de entrada en algunos países europeos hacia la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diez años podría tener un doble efecto.

En primer lugar, la reducción de las barreras regulatorias en las industrias de servicios impulsará el crecimiento anual de la PTF en el sector empresarial aproximadamente entre 0,1-0,2 puntos porcentuales en países como Portugal, Grecia e Italia. 

En segundo lugar, en algunas industrias manufactureras altamente reguladas, tales reformas podrían incrementar el crecimiento anual de la productividad en entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales en países como Alemania, Francia, Italia y Grecia.

A partir de datos de diversas fuentes, Santander ha desarrollado dos métodos estadísticos para examinar la relación entre regulación, productividad y PIB per cápita. Los resultados indican una estrecha relación entre el crecimiento de la productividad y la calidad regulatoria.

La regulación desempeña un papel fundacional en el desarrollo económico, pero su eficacia depende de la claridad, la proporcionalidad y la coordinación. La simplificación de los marcos regulatorios y la mejora de su calidad podrían desbloquear ganancias de productividad cruciales para el crecimiento a largo plazo, especialmente en Europa y Latinoamérica.