Cuestionando el impuesto a bancos y eléctricas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado una nota muy crítica firmada por su director, Angel de la Fuente, señalando la "arbitrariedad" de los nuevos impuestos extraordinarios al sector financiero y energético anunciados el pasado julio por Pedro Sánchez y secundados por los partidos que componen y apoyan al Gobierno de coalición.

Las principales conclusiones del Informe:

• Un aspecto controvertido de la proposición es que otorga a los nuevos gravámenes la condición de prestación pública de carácter no tributario (figura pensada para la financiación de servicios públicos prestados en régimen de concesión).
  
  
•  Señala  Fedea que “el principal problema del texto es la arbitrariedad de estas nuevas exacciones creadas ad hoc“.
  
  
•  La propuesta pretende "interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados, para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto con independencia de las condiciones de mercado, que son las que determinan la incidencia real de los tributos en una economía no planificada".
  
  
• El objetivo parece ser cargar las tintas sobre sectores que "se pueden ver más beneficiados por la escalada de precios a través de una mejora de sus márgenes". Sin embargo, “ni los bancos ni las eléctricas están entre los sectores más rentables en España 2021. Claramente por delante están la industria, el comercio y la hostelería y más aún el sector de información y comunicaciones”. Por ello, el autor insiste en que "no se ofrecen razones mínimamente consistentes para apoyar la tesis de que los nuevos gravámenes no son exacciones arbitrarias sino contribuciones bien proporcionadas”.
  
  
• Sobre la disposición de la propuesta que prohíbe la repercusión, directa o indirecta, del gravamen a los clientes de las empresas afectadas (y que encomienda a la CNMC, con la colaboración del Banco de España, la vigilancia de que se cumpla tal prohibición), Ángel de la Fuente recalca que esto "supone un atentado difícil de justificar contra la libertad de empresa, que está protegida constitucionalmente. Asegurarse de que el incremento en una partida específica de costes no se traslada es misión imposible, pero establecer la obligación de intentarlo puede abrir una peligrosa vía hacia la interferencia directa con decisiones empresariales en las que el Gobierno no debería inmiscuirse".