El nuevo impuesto a la banca y el Estado de Derecho

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicó un informe, elaborado por expertos en derecho financiero y tributario, analizando la legalidad de la propuesta del Gobierno de establecer un gravamen temporal a la banca y al sector de la energía. En su opinión, la propuesta además de suponer un fraude de ley, al eludir trámites parlamentarios esenciales para aprobar un impuesto, presenta graves problemas desde el punto de vista constitucional y vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario.

El informe ofrece numerosos argumentos y comentarios jurídicos sobre las deficiencias encontradas en la propuesta del Gobierno, entre las que destacamos los siguientes:

• La fórmula jurídica elegida por el Gobierno quizás sea más rápida, pero adolece de graves defectos formales: Según el informe, al tratarse de un impuesto y no de una “prestación patrimonial pública no tributaria”   la “Proposición de Ley” elude en fraude de ley la aplicación del procedimiento parlamentario que debería incluir una consulta pública, la Memoria de Impacto Normativo y el Dictamen del Consejo de Estado, requisitos necesarios si se hubiera tramitado como “Proyecto de Ley”.
  
  
• Adolece de graves defectos técnicos que podrían vulnerar la Constitución y el Derecho Comunitario. Por ejemplo:
  -  Desconoce la prohibición de discriminación entre residentes y no residentes ya que está previsto que solo aplique a las entidades financieras residentes y no a las filiales de entidades extranjeras con sede fuera de España.
  -  Quebranta el principio de seguridad jurídica al establecer la retroactividad del gravamen al proyectarse sobre hechos acontecidos antes del nacimiento de la obligación y del año en que se devenga la misma.
  -  Desconoce el régimen de financiación de las Comunidades Autónomas y la participación de estas en la recaudación de tributos estatales.
  
  
• Sobre el concepto de «beneficios caídos del cielo o inesperados» en el sector bancario, el informe comenta que resulta complicado hablar de ‘beneficios extraordinarios’ en un sector caracterizado en los últimos años por sus estrechos márgenes y por una rentabilidad sobre fondos propios reducida e incluso inferior a su coste de capital». Además, la propuesta del Gobierno establece una relación directa entre subidas de tipos y beneficios, olvidando aspectos relevantes como la evolución de la demanda de crédito en un escenario de crisis o el aumento de la morosidad, además de la relación entre beneficios y capital invertido que es lo que determina la rentabilidad de una entidad.