Informe publicado por el Peterson Institute for International Economics que analiza los efectos económicos de la guerra en Europa y las respuestas desde la perspectiva de la política fiscal y monetaria que se han dado en los distintos países de la UE por parte de las autoridades en forma de ayudas directas, rebajas de impuestos, subsidios a los precios de la energía… El informe analiza cual sería la mejor forma de financiar este mayor gasto público, decantándose por la deuda pública en un momento en el que la incertidumbre puede pasar factura a la demanda interna. El estudio concluye que habría margen para incurrir en mayores déficits públicos de forma temporal si fuera necesario.
Aspectos destacados del informe:
- Reducción temporal de los impuestos que gravan el consumo de energía: Esta medida ha sido la más extendida hasta el momento y, por ejemplo, ha supuesto rebajas desde 15 céntimos por litro de gasolina en Francia hasta los 30 céntimos en Alemania.
- Ayudas directas: Transferencias de un importe fijo a particulares o empresas para luchar contra los efectos de la inflación y de la guerra. Pueden ser universales con independencia del consumo que hagan de alimentos, combustible o gas o más específicas dirigidas a los más vulnerables y afectados por la subida de precios.
- Intervención de precios: Por ejemplo, el plan de España y Portugal proponiendo un método para desacoplar el gas del cálculo de la tarifa o el caso de Francia que habría pedido a la principal compañía eléctrica del país limitar la subida de la factura al 4% en 2022. Según los autores, no son medidas eficientes en el largo plazo, pero protegen el Estado de bienestar.
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Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.
Lucrezia Reichlin (CEPR): la CBDC no es condición necesaria para la soberanía monetaria. Confundir dinero y pagos puede generar un diagnóstico equivocado y una mala asignación de esfuerzos de política económica.
Según el Global Risks Report 2026 del World Economic Forum, la confrontación geoeconómica, la desinformación y la polarización social destacan como los principales riesgos a corto plazo, mientras que los riesgos ambientales dominan el largo plazo.
Según el World Economic Forum, la IA ha pasado de la experimentación a integrarse en los procesos de trabajo, prometiendo fuertes incrementos de productividad, pero también planteando retos clave sobre inclusión económica, valores, confianza y resiliencia.
Según AFME, un marco regulatorio más claro, coherente y proporcionado, sin capas innecesarias y centrado en crecimiento y competitividad, es clave para aumentar la confianza, movilizar capital privado y profundizar los mercados de capitales europeos.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, los europeos apoyan el avance tecnológico cuando refuerza seguridad, inclusión y bienestar social, pero muestran resistencia si el cambio se percibe impuesto, opaco o contrario a sus valores.
Según un informe reciente publicado por CEPS, los reguladores financieros europeos deberían adoptar la competitividad como un objetivo secundario formal, siguiendo el precedente establecido por la Financial Services and Markets Act de 2023 en Reino Unido.