Impacto económico de las medidas del gobierno durante la crisis del covid
El informe analiza el impacto económico de las medidas excepcionales tomadas por el gobierno durante la crisis del coronavirus. En concreto se centra en la financiación privada avalada por el estado a través del ICO y en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).
Este análisis debería ayudar a evaluar y diseñar las políticas económicas más aconsejables para reactivar nuestra economía en el futuro.
La principal conclusión del informe sería que, de las medidas económicas para aliviar los efectos de la crisis que ha tomado el gobierno, las que apoyan directamente a las empresas son las más efectivas para el sostenimiento de la producción, la actividad y el empleo (por su efecto multiplicador en la economía y por su mayor interrelación con otros sectores económicos). Serían más efectivas para la economía que las medidas de intervención directa pública y las destinadas a trabajadores y ciudadanos.
El informe calcula el impacto directo positivo en la actividad de las dos medidas más importantes:
- Las líneas de avales ICO tendrían un impacto del 3,2% del PIB (VAB) y 663.000 empleos. En el largo plazo, y considerando efectos indirectos, sería del 8,6% del PIB (VAB) y 1.651.000 empleos.
- Los ERTEs han tenido un impacto del 0,7% del PIB (VAB) y 151.000 empleos. En el largo plazo y considerando efectos indirectos, podría llegar al 4,6% del PIB (VAB) y 906.000 empleos.
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Según AFME, un marco regulatorio más claro, coherente y proporcionado, sin capas innecesarias y centrado en crecimiento y competitividad, es clave para aumentar la confianza, movilizar capital privado y profundizar los mercados de capitales europeos.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, los europeos apoyan el avance tecnológico cuando refuerza seguridad, inclusión y bienestar social, pero muestran resistencia si el cambio se percibe impuesto, opaco o contrario a sus valores.
Según un informe reciente publicado por CEPS, los reguladores financieros europeos deberían adoptar la competitividad como un objetivo secundario formal, siguiendo el precedente establecido por la Financial Services and Markets Act de 2023 en Reino Unido.
Según la OCDE, las pymes y start-ups que crecen rápidamente contribuyen decisivamente a la creación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad. Las de alto crecimiento (un tercio en tres años) generan tanto empleo como las grandes empresas.
Según @McKinsey, los bancos deben prepararse para una nueva curva de crecimiento. La precisión estratégica —combinar tecnología, disciplina de capital y conocimiento profundo del cliente— distinguirá a los líderes de los rezagados.
Según Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, para impulsar el crecimiento se necesitan tres cosas: mejorar la regulación para dinamizar la iniciativa privada, profundizar la integración regional y prepararse para aprovechar el potencial de la IA.
Según The European House–Ambrosetti, la UE tiene una oportunidad de impulsar competitividad y crecimiento a través de la simplificación normativa y supervisora, sobre todo en materia de sostenibilidad y en el sector financiero.
Según Ramón Casilda Béjar, España, en el complejo panorama geopolítico actual, tiene la oportunidad de fortalecer su rol como puente entre Iberoamérica y la UE, revitalizando inversiones en las dos direcciones.
Según el @ECB, en episodios de crisis, se recurre al efectivo como reserva de valor fiable y medio de pago resiliente, lo que resalta su papel crucial más allá de su relevancia en las transacciones diarias de pagos.
Según Juan S. Mora-Sanguinetti, en España un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores.
Según Hélène Rey: “En un mundo donde las stablecoins, en particular aquellas vinculadas al dólar, se conviertan en una herramienta de pago global importante, debemos prepararnos para consecuencias de gran alcance”.
@judith_arnal propone reformas para que la UE avance en la simplificación regulatoria, empezando por consensuar qué significa, con la competitividad como pilar, además de mecanismos de coordinación y un rediseño de la gobernanza.