Nuevo impuesto a la banca: Imposición en lugar de colaboración
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha publicado un artículo en el que se hace eco de uno de los mensajes más repetidos en la última reunión del Ecofin en Praga: “necesitamos bancos fuertes y comprometidos para apoyar a ciudadanos y empresas en estos momentos de dificultad” y considera que la mejor receta en España para afrontar esta crisis es la colaboración constructiva del Gobierno, sector financiero y empresas. En su opinión, trabajando juntos somos capaces de dar respuestas eficaces y multiplicar los beneficios para la sociedad.
Aspectos destacados en el artículo:
- Compromiso del sector bancario en España durante la crisis Covid: El sector ofreció a sus clientes en dificultades moratorias de hipotecas y otros créditos, y adelantó el pago de pensiones y la prestación por desempleo, además de ser capaz de distribuir en tiempo récord 140.000 millones de crédito, en parte con garantía pública, a 750.000 empresas.
- El impuesto a la banca, imposición en lugar de colaboración y efectos negativos en la economía: La colaboración con el sector público ha sido muy intensa y fructífera para ampliar la atención personalizada a los mayores, reforzar la educación financiera y digital, y aumentar los puntos de acceso a los servicios financieros en las zonas rurales.
Por ello, resulta chocante la imposición de un gravamen que elude la consulta pública y todo informe preceptivo previo, es ineficaz para luchar contra la inflación, además de tener efectos negativos en el crédito (50.000 millones menos según estimaciones del sector), en el PIB y en el empleo (destrucción de entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo). Además, acrecienta la inseguridad jurídica entre los inversores y reduce el retorno para los 6 millones de accionistas minoristas que tienen invertidos parte de sus ahorros en el sector bancario.
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Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.
Lucrezia Reichlin (CEPR): la CBDC no es condición necesaria para la soberanía monetaria. Confundir dinero y pagos puede generar un diagnóstico equivocado y una mala asignación de esfuerzos de política económica.
Según el Global Risks Report 2026 del World Economic Forum, la confrontación geoeconómica, la desinformación y la polarización social destacan como los principales riesgos a corto plazo, mientras que los riesgos ambientales dominan el largo plazo.
Según el World Economic Forum, la IA ha pasado de la experimentación a integrarse en los procesos de trabajo, prometiendo fuertes incrementos de productividad, pero también planteando retos clave sobre inclusión económica, valores, confianza y resiliencia.
Según AFME, un marco regulatorio más claro, coherente y proporcionado, sin capas innecesarias y centrado en crecimiento y competitividad, es clave para aumentar la confianza, movilizar capital privado y profundizar los mercados de capitales europeos.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, los europeos apoyan el avance tecnológico cuando refuerza seguridad, inclusión y bienestar social, pero muestran resistencia si el cambio se percibe impuesto, opaco o contrario a sus valores.
Según un informe reciente publicado por CEPS, los reguladores financieros europeos deberían adoptar la competitividad como un objetivo secundario formal, siguiendo el precedente establecido por la Financial Services and Markets Act de 2023 en Reino Unido.
Según la OCDE, las pymes y start-ups que crecen rápidamente contribuyen decisivamente a la creación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad. Las de alto crecimiento (un tercio en tres años) generan tanto empleo como las grandes empresas.