En el sistema financiero, la prevención, detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas es una responsabilidad permanente. Los bancos cumplen un rol fundamental en la protección de sus clientes, la integridad del sistema financiero y el correcto funcionamiento de los mercados mediante controles, monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas, mecanismos de gobierno corporativo y colaboración con los reguladores y autoridades competentes. En Banco Santander, este enfoque se implementa mediante procesos controlados y diseñados para identificar, revisar y escalar actividades potencialmente sospechosas. El objetivo de estos procesos es contribuir a proteger a los clientes, al sistema financiero y al propio Banco frente a posibles usos indebidos de sus productos financieros, resguardando al mismo tiempo la confidencialidad, la protección de datos y los derechos de los clientes.
Grupo Santander mantiene una política de "tolerancia cero" frente al delito financiero, tales como blanqueo de capitales o lavado de dinero, y exige el estricto cumplimiento de las regulaciones aplicables en materia de prevención de capitales (AML por sus siglas en inglés) y sanciones. Durante 2025, el Grupo presentó más de 311.000 reportes de actividades sospechosas ante las autoridades correspondientes, reflejando la magnitud e intensidad de su trabajo para identificar, analizar y escalar actividades potencialmente irregulares en los distintos mercados donde opera.
Santander cuenta con mecanismos de control, monitoreo y gobierno corporativo diseñados para identificar señales de alerta, analizar comportamientos transaccionales y actuar conforme a la normativa aplicable cuando una operación así lo amerita.
Este modelo contempla distintas capas de revisión, incluyendo procedimientos internos, herramientas de monitoreo, procesos de debida diligencia, escalamiento de casos y coordinación entre los equipos responsables de cumplimiento, riesgos, operaciones y control interno. La gestión de operaciones inusuales o potencialmente sospechosas no depende de una medida única, sino de un conjunto de procesos que son revisados y fortalecidos de manera permanente. Este enfoque permite al Banco responder a riesgos potenciales, resguardar la información de sus clientes y cumplir con las obligaciones legales que regulan a las instituciones financieras.
De acuerdo con la normativa vigente y a los requerimientos de supervisión aplicables, Santander realiza los procesos de debida diligencia exigidos por la regulación internacional y local de las geografías en la que opera, y coopera con las autoridades competentes dentro del marco legal correspondiente. Esta colaboración es especialmente relevante en investigaciones en curso, donde la confidencialidad y el respeto por los procedimientos institucionales son fundamentales. Por esta razón, existen límites respecto de la información que una institución financiera puede divulgar públicamente sobre operaciones potencialmente irregulares, personas investigadas o antecedentes que forman parte de un proceso judicial, para no poner en riesgo el éxito de una persecución penal. Sin perjuicio de estas limitaciones, Santander mantiene una política de colaboración activa con reguladores y autoridades, proporcionando la información requerida y pertinente, actuando siempre conforme a la ley.
Un caso reciente que sirve de ejemplo es la investigación vinculada al Tren de Aragua en Chile, públicamente conocida como Operación Tokio. Santander Chile y la fiscalía han señalado que la investigación se encuentra centrada en personas físicas que habrían actuado a título personal y que no involucra al Banco como institución.
Conforme a la información disponible hasta la fecha, el caso se refiere a conductas individuales atribuidas a un exempleado, que fue despedido de manera inmediata y denunciado. Asimismo, y considerando las funciones que desempeñaba dentro del Banco, esta persona no tenía acceso a sistemas que le permitieran abrir cuentas corrientes ni realizar transferencias de dinero al extranjero. Santander Chile, que denunció a también ha confirmado que la información de los clientes no se ha visto comprometida.
En este contexto, y respetando la confidencialidad propia de una investigación penal en curso, el Banco realizó en su día las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes y adoptó las medidas necesarias conforme a la legislación vigente. Además, estos antecedentes fueron comunicados a clientes y colaboradores, en línea con el compromiso del Banco de entregar información clara, transparente y oportuna a sus distintos grupos de interés.
En conclusión, la prevención de operaciones sospechosas requiere del trabajo coordinado de instituciones financieras, autoridades, reguladores y organismos competentes.
Como demuestra el caso de Chile, El Banco actúa siempre conforme a la ley, colaborando activamente con las autoridades y fortaleciendo sus procesos internos para contribuir con el esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades que correspondan.