Fiscalidad empresarial y su impacto en la inversión y la productividad
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado su Informe sobre Competitividad Fiscal 2025, en el que alerta sobre la elevada carga tributaria que soportan las empresas en España. Según el informe, España es el cuarto país de la OCDE y de la UE con mayor dependencia de los ingresos fiscales procedentes del sector empresarial: el 48,8 % de la recaudación total proviene de impuestos ligados a la actividad empresarial, muy por encima del promedio de la OCDE (37,8 %) y de la Unión Europea (39,4 %). Según el IEE, esta presión fiscal excesiva constituye un freno relevante para la inversión empresarial, un factor determinante para impulsar la productividad y la competitividad de la economía española.
- Aunque la economía global —y la de los Estados miembros de la UE— se ha recuperado en gran medida de los recientes shocks, como la pandemia y la crisis energética, las presiones fiscales a largo plazo persisten. Los presupuestos públicos siguen lastrados por los costes residuales de estas crisis, y los desafíos estructurales —como el envejecimiento de la población, la aceleración de la digitalización y la necesidad de hacer frente al cambio climático— continuarán ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas públicas.
Según el informe, cualquier reforma fiscal debe encontrar un equilibrio cuidadoso entre los beneficios marginales de aumentar la recaudación procedente del sector empresarial y los posibles efectos negativos: desincentivar la inversión, reducir la creación de empleo y debilitar el crecimiento económico.
- La carga fiscal de las empresas en España sería de las más altas de Europa y la OCDE: España se sitúa entre los países con mayor presión fiscal empresarial, según diversos indicadores publicados en el informe:
- La recaudación por Impuesto sobre Sociedades (IS) y cotizaciones sociales supone el 33,8% de los ingresos fiscales totales, mientras que, en la UE, este dato alcanza un nivel inferior, concretamente el 26,1% y alcanzó, en 2023, el 12,3% del PIB, lo que representa más de tres puntos porcentuales por encima de la media europea.
- La contribución fiscal empresarial total como porcentaje del PIB en España registra un índice del 17,8%, situándose por encima del promedio de la Unión Europea, que es del 14,8%, y del promedio de la OCDE, que asciende al 12,8%. Este dato coloca a España entre los países con mayor presión fiscal empresarial relativa al tamaño de su economía, superando a economías comparables como Alemania (15,3%), Suecia (15,7%) o los Países Bajos (15,7%).
- La complejidad del sistema tributario para las empresas añade unos costes adicionales de cumplimiento: España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Los costes de cumplimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, pueden llegar a suponer el 29% de lo recaudado. El informe recomienda la simplificación de la normativa tributaria —mediante la reducción de excepciones, la digitalización de procesos y la claridad en la redacción legal— para mejorar la reducción de los costes de cumplimiento, fomentar la inversión y fortalecer la confianza en la Administración tributaria.
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Según Ramón Casilda, “ya no se trata únicamente de capital español invirtiendo en América Latina, sino también de capital latinoamericano utilizando España como base europea”, reforzando un espacio económico transatlántico más equilibrado.
Según José Carlos Díez, Profesor de economía de la Universidad de Alcalá, los españoles accedemos a algunas de las hipotecas más baratas de Europa con tipos de interés inferiores al Euribor y a la deuda pública a largo plazo.
Según el IEE, España presenta una presión fiscal empresarial superior a la media de la Unión Europea tanto en porcentaje sobre la recaudación total como en porcentaje del PIB.
AEB, CECA y UNACC proponen medidas para aumentar la capacidad de financiación de la banca en más de 2 billones de euros en la eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España, reforzando la inversión y la financiación de la economía.
Según Boston Consulting Group, la nueva regulación posterior a la crisis financiera global (GFC) reforzó la resiliencia del sector, pero institucionalizó un sesgo orientado a eliminar cualquier riesgo en detrimento del crecimiento económico.
Según Ramón Casilda el acuerdo UE Mercosur permitirá un ahorro arancelario de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales, una cifra muy superior a lo esperado en los acuerdos con Canadá y Japón.
Según el economista José Carlos Diez, la banca española tiene un exceso de depósitos y liquidez disponible para atender la demanda de crédito de empresas y familias, y además lo hace con los tipos más bajos de Europa, según el BCE.
Según CEPS, la complejidad regulatoria y supervisora de la UE supone un freno estructural a la integración, inversión y profundidad del mercado, con costes que recaen especialmente en pequeñas empresas nuevos entrantes y modelos de negocio transfronterizos.
Según el BCE, un sistema de pagos eficiente, seguro e integrado reforzaría el papel internacional del euro y aportaría beneficios como menores costes de financiación, menor exposición a fluctuaciones cambiarias y mayor protección frente a sanciones.
Según el IEA, uno de los debates clave en la UE sobre simplificación de la regulación financiera es si incluir explícitamente la competitividad, eficiencia o crecimiento como objetivos de las autoridades regulatorias, siguiendo el modelo del Reino Unido.
Según el Center for the Governance of Change de IE University, unos mercados financieros más profundos e integrados reforzarían el papel global del euro. Esto requiere, entre otros elementos, sistemas de pago resilientes e interoperables y completar la unión bancaria.
Alianzas banca–crédito privado: según Oliver Wyman, los ganadores serán quienes combinen la disciplina de análisis y estructuración bancaria, su capacidad de distribución y acceso a clientes, con el apetito del capital privado por riesgo ilíquido y de largo plazo.