Probablemente, cuando hablamos de criterios ASG, puede que nos vengan a la cabeza conceptos como las finanzas verdes, en relación con esa primera letra “A” que hace referencia a “ambiental”. Sin embargo, además de este ámbito, este término popular contempla otros como el social, que te contamos a continuación.

En los últimos años, el panorama de las organizaciones, tanto públicas como privadas, ha sufrido un cambio sin precedentes. Ahora no basta con que ofrezcan a los consumidores sus productos y servicios, sino que cada vez más personas, además de cubrir sus necesidades como pueden ser la alimentación, la ropa o el transporte, buscan también satisfacer sus intereses y preocupaciones: una de las más importantes es el progreso de la sociedad.

De ahí viene, como hablábamos al comienzo, la creciente atención de las empresas por incorporar en sus negocios los criterios ASG, formados por las siglas “A”, de ambiental; “S”, de social; y “G”, de buen gobierno. Aunque todos ellos se refieren a la relación de una organización con los distintos públicos o grupo de interés (empleados, colaboradores y clientes, proveedores o sociedad en general), cada letra se vincula con un ámbito. Mientras que la primera de ellas hace referencia a la actuación de una organización respecto al cuidado del planeta -por ejemplo, a través de la reducción y neutralización de las emisiones de carbono, el reciclaje o la protección de la biodiversidad- y la tercera a la transparencia o la veracidad de las instituciones, la segunda busca contribuir al bienestar social.

Hay muchas formas de incorporar aspectos ASG en las finanzas. Una de ellas es la emisión de bonos con un propósito concreto. Así, de la misma forma que en las finanzas sostenibles existen los bonos verdes, que son instrumentos de inversión para apoyar proyectos con un impacto medioambiental positivo, las instituciones pueden emitir bonos sociales, instrumentos de deuda cuyos fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos sociales que busquen solventar parcial o totalmente un determinado problema común, ayudando así a los colectivos más vulnerables.

Para que un bono social esté bien estructurado y cumpla su objetivo, es necesario fijar y medir el impacto que se quiere conseguir. Por ejemplo, imaginemos que estamos ante la emisión de un bono social para proteger el empleo. En ese caso, será necesario proporcionar al comprador del bono información sobre qué se ha logrado -como puede ser el número de empleos creados o no destruidos, entre otros-. Este aspecto es una de las variables que lo distinguen de una financiación genérica.

En este artículo de Openbank, podrás conocer en detalle las diferencias y similitudes entre un bono verde y un bono social. 

¿Qué ámbitos pueden ser impulsados por los bonos sociales?

Aunque la preocupación social había aumentado significativamente en los últimos tiempos, causas como la pandemia provocada por la covid-19 aumentaron la inversión social, siendo en 2020 la Unión Europea la emisora de un bono social sin precedentes, a través del programa SURE; algo que fue en sintonía con la demanda del mercado.

Este instrumento buscaba apoyar temporalmente el empleo, uno de los ámbitos a los que puede ir dirigido. Veamos algunos de los más populares, partiendo de este:

  • Empleo: hay bonos sociales cuyos fondos están orientados a mantener o incrementar la ocupación laboral de una determinada población, así como mejorar todo lo que rodea a esta como puede ser, entre otros, la prevención de riesgos laborales. En el ejemplo mencionado de la Unión Europea, estos bonos sociales buscan dar soporte a aquellos casos de reducción de jornada o regulación temporal de empleo, dos situaciones muy agudizadas por la crisis sanitaria.

  • Sanidad: buscan reforzar y aumentar los recursos en este sector tan necesario para la sociedad con proyectos orientados a dotar de camas en los hospitales, aumentar el número de plazas en lugares como residencias, disponer de más material sanitario, etc.

  • Vivienda: suelen ir dirigidos a fomentar la emancipación o ayudar a aquellas personas que llevan un tiempo viviendo en régimen de alquiler, bonificando, a través de una ayuda económica, una determinada parte de la cuota mensual.

  • Suministros: especialmente en momentos de crisis económica, es uno de los bonos por excelencia que más se demandan por parte de colectivos vulnerables. Dentro de esta categoría, destacan los bonos sociales eléctricos (para cubrir las necesidades de energía eléctrica como la luz), térmicos (por ejemplo, la calefacción), de infraestructura básica (garantiza el acceso a servicios de telecomunicaciones como Internet); o aquellos que contemplan varios supuestos (busca ayudar principalmente a las unidades familiares con los gastos en agua, gas, electricidad, etc.).

  • Servicios financieros: buscan empoderar financieramente a los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión, mediante distintas iniciativas entre las que destaca la financiación.

  • Educación: se centran en proyectos que estimulen la formación y desarrollo académico de determinados grupos. Como en los casos anteriores, las ayudas no solo consisten en un apoyo económico, sino también en recursos materiales como pueden ser libros, mobiliario, dispositivos tecnológicos como ordenadores…

  • Cultura: estos instrumentos de deuda pueden ir destinados al fomento de la cultura, a través de productos, tanto en soporte físico (libros, discos, videojuegos, etc.) como en digital (libros electrónicos, audiolibros, pódcast, suscripciones a publicaciones periódicas como pueden ser revistas…); y actividades, entre las que encontramos entradas para artes escénicas, museos, exposiciones, cine, bibliotecas o festivales.

¿Qué requisitos debo cumplir para ser beneficiario de un bono social y cómo puedo hacerlo?

No hay unos requisitos generales ni un procedimiento ordinario para solicitar los bonos como beneficiarios. Ambas cuestiones dependerán de las pautas que determine la organización emisora, así como de otros aspectos propios de la geografía a la que vayan destinados, como puede ser la legislación vigente. Sin embargo, a pesar de que estos sean cambiantes en función del caso, hay algunas variables que suelen aparecer con frecuencia.

Algunos ejemplos podrían ser los siguientes. El primero, la edad: en las bases para pedir estas ayudas podrá aparecer el rango de edad o la edad máxima para solicitarlas. Un supuesto sería aquellas destinadas a los jóvenes, como los bonos culturales o educativos. También se delimita la geografía, indicando el alcance local, regional, nacional o supranacional de la prestación. Para bonos sociales destinados a las ayudas para el alquiler, un requisito frecuente suele ser estar un determinado tiempo empadronado en el lugar en cuestión.

En tercer lugar, tendríamos la situación económica, que se apoya fundamentalmente en los ingresos brutos percibidos por el solicitante o su unidad familiar. Relacionado con ello, está la situación de empleo, contemplando supuestos como el desempleo, la reducción de jornada, la regulación temporal de empleo, etc.

Por otro lado, podríamos mencionar también el estado civil y el número de miembros que componen la unidad, contemplando generalmente aspectos como el de las familias numerosas o la presencia de uno o varios miembros que posean un determinado grado de discapacidad o dependencia.

Así pues, una vez veamos los requisitos particulares que se requieren para la solicitud del bono y confirmemos que los cumplimos, es el momento de pasar a su petición, cuyo procedimiento suele estar recogido también en las bases: principalmente podrá ser presencial o telemático, a través de un dispositivo con conexión a Internet. Independientemente del medio, es importante contar con toda la documentación oficial que nos identifique y aquella que nos acredite la situación personal o familiar que estamos afirmando tener. 

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