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Probablemente, cuando hablamos de criterios ASG, puede que nos vengan a la cabeza conceptos como las finanzas verdes, en relación con esa primera letra “A” que hace referencia a “ambiental”. Sin embargo, además de este ámbito, este término popular contempla otros como el social, que te contamos a continuación.
En los últimos años, el panorama de las organizaciones, tanto públicas como privadas, ha sufrido un cambio sin precedentes. Ahora no basta con que ofrezcan a los consumidores sus productos y servicios, sino que cada vez más personas, además de cubrir sus necesidades como pueden ser la alimentación, la ropa o el transporte, buscan también satisfacer sus intereses y preocupaciones: una de las más importantes es el progreso de la sociedad.
De ahí viene, como hablábamos al comienzo, la creciente atención de las empresas por incorporar en sus negocios los criterios ASG, formados por las siglas “A”, de ambiental; “S”, de social; y “G”, de buen gobierno. Aunque todos ellos se refieren a la relación de una organización con los distintos públicos o grupo de interés (empleados, colaboradores y clientes, proveedores o sociedad en general), cada letra se vincula con un ámbito. Mientras que la primera de ellas hace referencia a la actuación de una organización respecto al cuidado del planeta -por ejemplo, a través de la reducción y neutralización de las emisiones de carbono, el reciclaje o la protección de la biodiversidad- y la tercera a la transparencia o la veracidad de las instituciones, la segunda busca contribuir al bienestar social.
Hay muchas formas de incorporar aspectos ASG en las finanzas. Una de ellas es la emisión de bonos con un propósito concreto. Así, de la misma forma que en las finanzas sostenibles existen los bonos verdes, que son instrumentos de inversión para apoyar proyectos con un impacto medioambiental positivo, las instituciones pueden emitir bonos sociales, instrumentos de deuda cuyos fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos sociales que busquen solventar parcial o totalmente un determinado problema común, ayudando así a los colectivos más vulnerables.
Para que un bono social esté bien estructurado y cumpla su objetivo, es necesario fijar y medir el impacto que se quiere conseguir. Por ejemplo, imaginemos que estamos ante la emisión de un bono social para proteger el empleo. En ese caso, será necesario proporcionar al comprador del bono información sobre qué se ha logrado -como puede ser el número de empleos creados o no destruidos, entre otros-. Este aspecto es una de las variables que lo distinguen de una financiación genérica.
¿Qué ámbitos pueden ser impulsados por los bonos sociales?
Aunque la preocupación social había aumentado significativamente en los últimos tiempos, causas como la pandemia provocada por la covid-19 aumentaron la inversión social, siendo en 2020 la Unión Europea la emisora de un bono social sin precedentes, a través del programa SURE; algo que fue en sintonía con la demanda del mercado.
Este instrumento buscaba apoyar temporalmente el empleo, uno de los ámbitos a los que puede ir dirigido. Veamos algunos de los más populares, partiendo de este:
¿Qué requisitos debo cumplir para ser beneficiario de un bono social y cómo puedo hacerlo?
No hay unos requisitos generales ni un procedimiento ordinario para solicitar los bonos como beneficiarios. Ambas cuestiones dependerán de las pautas que determine la organización emisora, así como de otros aspectos propios de la geografía a la que vayan destinados, como puede ser la legislación vigente. Sin embargo, a pesar de que estos sean cambiantes en función del caso, hay algunas variables que suelen aparecer con frecuencia.
Algunos ejemplos podrían ser los siguientes. El primero, la edad: en las bases para pedir estas ayudas podrá aparecer el rango de edad o la edad máxima para solicitarlas. Un supuesto sería aquellas destinadas a los jóvenes, como los bonos culturales o educativos. También se delimita la geografía, indicando el alcance local, regional, nacional o supranacional de la prestación. Para bonos sociales destinados a las ayudas para el alquiler, un requisito frecuente suele ser estar un determinado tiempo empadronado en el lugar en cuestión.
En tercer lugar, tendríamos la situación económica, que se apoya fundamentalmente en los ingresos brutos percibidos por el solicitante o su unidad familiar. Relacionado con ello, está la situación de empleo, contemplando supuestos como el desempleo, la reducción de jornada, la regulación temporal de empleo, etc.
Por otro lado, podríamos mencionar también el estado civil y el número de miembros que componen la unidad, contemplando generalmente aspectos como el de las familias numerosas o la presencia de uno o varios miembros que posean un determinado grado de discapacidad o dependencia.
Así pues, una vez veamos los requisitos particulares que se requieren para la solicitud del bono y confirmemos que los cumplimos, es el momento de pasar a su petición, cuyo procedimiento suele estar recogido también en las bases: principalmente podrá ser presencial o telemático, a través de un dispositivo con conexión a Internet. Independientemente del medio, es importante contar con toda la documentación oficial que nos identifique y aquella que nos acredite la situación personal o familiar que estamos afirmando tener.
